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De ahogados y manotazos en Argentina

11/03/2018

Una multitud acudió al llamado del sindicalista Hugo Moyano. Pero no resolvió la ausencia de liderazgo. Se mantiene así la neta hegemonía del capital sobre las masas descontentas y apáticas.

¿Hubo o no un choque frontal el 21 de febrero entre el gobierno y un sector del sindicalismo, entre Mauricio Macri y Hugo Moyano? Más allá de la pirotecnia verbal en los días previos y en el acto mismo, los hechos indican que ocurrió lo contrario: ambos lados buscaron limitar la confrontación y mantener ámbitos de conciliación para el futuro inmediato. La jornada no registró ningún incidente. Y a comenzar por el lugar del emplazamiento del palco, se hizo evidente la colaboración entre los organizadores de la protesta y los gobiernos capitalino y nacional.
Otro signo en el mismo sentido fue la brevedad del acto. Anunciado para las 15hs, comenzó 20 minutos antes. Luego de cuatro oradores, Moyano terminó su intervención a las 15.30. Media hora después, a las 16, la desconcentración era completa y no había sino pequeños grupos dispersos en la amplia Avenida 9 de Julio, en el corazón de la Capital Federal. Los discursos no sólo fueron inusualmente breves. Fueron vacíos. Ni una propuesta; sin programa; ni un proyecto para la acción; nada.

Los discursos previos al del secretario general del sindicato de Camioneros guardaron distancia de cualquier expresión que pudiera dar lugar a acusaciones de querer el derrocamiento de Macri. Debajo del palco, en el triste lugar de quienes buscan con ansia una posición destacada, participaron como observadores quienes sí tienen como desesperada estrategia la salida anticipada del gobierno.

Sólo uno de los oradores propuso dar continuidad a la movilización con nuevos actos y una huelga general. Nadie lo tomó en cuenta, siquiera para refutarlo. La beligerancia es inversamente proporcional a la capacidad para hacer realidad el desafío.

Fue una concentración multitudinaria, aunque menor a la originalmente esperada. Se hizo evidente la ausencia de los sindicatos de mayor dimensión y peso político, así como la creciente escualidez de las columnas llevadas por intendentes del conurbano. Quedó a la vista la capacidad organizativa y financiera de Hugo Moyano, a la vez que puso en evidencia su aislamiento, la fractura de la Confederación General del Trabajo, la ausencia total del peronismo institucional y el consecuente debilitamiento del proyecto de constituir un amplio frente opositor al gobierno encabezado por Moyano y con el apoyo explícito y presencial de las menguadas huestes de la ex presidente Cristina Fernández. “El triunvirato de la CGT está agotado” repitió Juan Carlos Schmid, uno de los tres miembros de ese cuerpo dirigente de la principal central sindical.

Con la fractura formal de la CGT, la insuficiente masividad del acto y el contenido de los cinco discursos plasma la relación de fuerzas por completo favorable al frente amplio burgués encarnado en el gobierno de Mauricio Macri.
En la mañana del día siguiente, 22 de febrero, Moyano dijo en una entrevista que “por supuesto estoy dispuesto a reunirme con Macri, si él lo cree necesario”. Todo dicho. En tanto, el Presidente parece dispuesto a continuar apretando el nudo en el lugar donde más duele: el reparto de dinero para las obras sociales sindicales. Es previsible que el Presidente y sus aliados en la CGT, todos respaldados por un frente amplio del capital, continúe en su labor de saneamiento del sistema. Esa determinación no oculta la amenaza cotidiana de un colapso incontrolable.

Estrategias y delirios
El agravamiento de la situación económica y un malestar en constante ascenso ha dado lugar a la suposición de que el gobierno de Mauricio Macri puede ser derrocado. La suba en los precios de servicios básicos agobia a todos, en primer lugar a los trabajadores con menores ingresos, pero también a las clases medias bajas, cuyos gastos suben sin proporción con el aumento de sus ingresos. Hasta ahora el Gobierno ha atendido en especial a la extensión y aumento de subsidios, conteniendo así la reacción de los 13 millones de pobres. La persistente inflación (1,8% en enero, calculada en 3% para febrero e incluso más para marzo), diluye la expectativa hasta ahora dominante de que las cosas mejorarían. Aquel clima hizo que Macri y su coalición Cambiemos ganara rotundamente las elecciones legislativas de octubre pasado. Desde entonces, la popularidad del Gobierno y el primer mandatario han caído sin pausa, acentuada por una catarata de probadas denuncias de corrupción en el círculo más íntimo del Presidente. Todo indica que esa dinámica seguirá en los próximos meses.

Los sectores que desde el comienzo mismo del gobierno Macri manifestaban con maquetas de un helicóptero (símbolo de la renuncia y fuga del ex presidente Fernando de la Rúa en 2001) se volcaron con fruición a la movilización convocada por Moyano, también él acorralado por una serie de acusaciones judiciales que pueden llevarlo a la cárcel a él y su familia. Esa comunidad de intereses inmediatos produjo un giró en redondo en las últimas semanas y replanteó la posibilidad de una alianza con Cristina Fernández, rota en 2011.

En ese cuadro previo salió a la lid un nombre imprevisto para anunciar que Macri renunciará: el ex juez Eugenio Zaffaroni. El jurista llegó a advertir que eso podría ocurrir mediante “un accidente violento”, si no se concretaba por las buenas.

En un pequeño cenáculo se había barajado la idea de que el ex juez pudiera encabezar un “gobierno de transición”. Semejante idea está despegada de manera alarmante de la realidad. Macri cuenta todavía con considerable consenso social (40% de aceptación según las encuestas). También y sobre todo tiene el respaldo de un frente amplio de la burguesía Zaffaroni fue juez de las tres últimas dictaduras: Onganía, Lanusse, Videla. Para la última escribió un código que, no obstante su origen, le hizo ganar prestigio intelectual en el ámbito de los juristas del sistema. Actualmente miembro de la Cidh, instrumento de manipulación y propaganda conducido por Washington.

Tiempo atrás un escándalo develó que Zaffaroni es propietario de siete inmuebles donde funcionaban prostíbulos en la Capital Federal. A la sazón, integraba la Suprema Corte. Estos establecimientos, prohibidos por la ley, van invariablemente acompañados por la trata de personas y la distribución de drogas. En su momento se alegó que no los administraba personalmente. En sordina, vaya a saber por qué prejuicio, quedó claro que estaban a cargo de su pareja. El artilugio bastó para que la basura fuera barrida bajo la alfombra. Cuando a propósito de sus recientes declaraciones un periodista le preguntó si renunciaría a su cargo en la Cidh el ex juez respondió: “¿Por qué? ¿Estamos en Venezuela?”. Elocuente, como su jefa política cuando afirmó que en Venezuela “no existe Estado de Derecho””.

Probablemente por primera vez en su vida Zaffaroni participó el 21 en una manifestación sindical. Marchó con aires de líder junto al hijo del ex presidente Néstor Kirchner. Como sea, quienes pergeñaron el disparatado manotazo a fin de recuperar posiciones y eludir la cárcel, no sólo malinterpretan la coyuntura. Sobre todo desconocen la lógica del devenir argentino.

Los escándalos de corrupción develados en las últimas semanas en el gabinete ministerial del Presidente, más todos los que se mantienen ocultos con complicidad de tirios y troyanos, muestran la dificultad del sistema para afirmar un elenco capaz de pensar, planificar y realizar la recomposición de la economía, la institucionalidad y la cultura de un pujante país capitalista, con el que sueña la burguesía e inconscientemente anhelan las clases medias e incluso franjas importantes de la clase trabajadora.

Pero dejando de lado incluso la rémora familiar del Presidente, se descubre que su ministro de Trabajo, Jorge Triaca, tenía una empleada doméstica contratada por fuera de las reglas laborales, una cantidad de familiares ubicados como funcionarios con desproporcionados ingresos e incluso la utilización de una intervención oficial en un sindicato para contratar amistades y hacer negocios. Triaca es hijo de un ex dirigente sindical “colaboracionista” y nexo fundamental para las negociaciones con la CGT (y con el propio Moyano), razón por la cual Macri, en período de paritarias, no pudo exigirle la renuncia.

Otro tanto pasa con Luis Caputo, ministro de Finanzas, cuyas conexiones con fondos de inversión instalados en las Islas Caimán reaparecieron a propósito del descubrimiento, el mes pasado, de que el subsecretario general de la presidencia, Valentín Díaz Guilligan tiene una cuenta no declarada por 1.2 millones de dólares, resultado de sus operaciones como vendedor de jugadores de fútbol. Díaz fue obligado a renunciar, pero queda el cabo suelto de otra persona muy allegada al primer mandatario también dedicada a ese producivo género de inversiones: el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas. Otro botón de muestra es el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien se vio obligado a admitir que la casi totalidad de su cuantiosa fortuna está en el exterior, mientras él recorre países empeñado, según afirma, en “conseguir inversiones”.

En suma: el 21F no cuajó un núcleo capaz de reunir a la oposición tras banderas peronistas. En paralelo, Cambiemos da manotazos con parecida desesperación a la de su contraparte.
22 de febrero de 2018

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